Buenos días, antes que nada aprovecho para felicitaros a todos las fiestas y desearos un próspero año 2016, cuando estamos apenas a dos días del año venidero. En esta ocasión quisiera hablar de la justicia, de su funcionamiento y de lo olvidada que está en este país como último post de éste año.
Hace poco más de una semana que se celebraron las elecciones estatales . Ya en campaña eché en falta propuestas contundentes y resolutivas por parte de los partidos políticos en torno a la justicia y su funcionamiento.
Por el partido popular se venía prometiendo en su programa electoral un desarrollo en los medios informáticos de la justicia, así como la garantía de un poder judicial independiente. En torno a ésta última propuesta de garantizar un poder judicial independiente, deja tal afirmación como una mera declaración de intenciones, sin especificar que medios o instrumentos se van a utilizar para alcanzar ése objetivo de independencia. Me llama poderosamente la atención que se hable de la voluntad de una justicia independiente del poder político, cuando de hecho, la composición del Consejo General del Poder judicial órgano de gobierno de los jueces, no parece desligarse de la influencia del legislativo. En cuanto a su composición obsérvese que en el artículo 122.3 de la constitución estableció que el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, y otros ocho elegidos por las cámaras, cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años en el ejercicio de su profesión. Por lo tanto dada la composición del Consejo, la afirmación que hacía el partido popular pasaría por una reforma del texto constitucional, opción que por otra parte los populares no contemplan como una posibilidad.
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En cuanto al programa de los socialistas con respecto a la justicia, viene a postular ;
La eliminación de la ley mordaza, la derogación de la prisión permanente revisable, la sustitución de las penas de cárcel de escasa entidad por otras alternativas, y la recuperación del principio de Jurisdicción Universal que fue modificado por el gobierno popular cuando Gallardón estaba al mando del Ministerio. Tampoco en el programa socialista se proponen medios o instrumentos para agilizar la administración de justicia, para acabar con una administración que no está acorde con las necesidades de la población, decimonónica, una justicia colapsada. En lugar de velar por una justicia más ágil y más eficaz nos encontramos que los partidos políticos proponen temas sesgados de la justicia como solución, porque decir que quieren hacer una justicia independiente aunque sin decir el modo de conseguirlo no es propiamente una solución, o que quieren derogar la ley mordaza que tanto bombo público ha tenido vende más que una propuesta de medios o instrumentos, aunque ésta última es la que los profesionales reclaman, y son éstos los que realmente tienen conocimiento de la situación de precariedad en que se encuentra la justicia española.
El programa de Podemos propone ; La despolitización del Tribunal Constitucional, la Justicia Gratuita real, la elección directa del Consejo Genereal del Poder Judicial, la derogación de la ley mordaza y de la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal.
En cuanto a la politización del Tribunal Constitucional es otra cuestión que muestra como la división de poderes en España ha fracasado, como en España se observa la gran interactuación de los poderes del Estado entre sí, el legislativo con el ejecutivo e intentando estos dos alcanzar el "caramelo" del poder judicial. Tengamos en cuenta, que en cuanto a la politización del Tribunal Constitucional, éste se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, cuatro a propuesta del Congreso, Cuatro a propuesta del Senado, Dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder judicial. Observemos que el poder legislativo de forma prevalente influye en la elección del mentado tribunal ya que designa a ocho de sus doce miembros, y además elige a miembros del Consejo General del Poder Judicial que luego han de elegir a su vez a dos miembros del Tribunal Constitucional.
La segunda propuesta de Podemos habla de la justicia gratuita real, aunque deberían tener en cuenta no sólo esa cara de la moneda, sino la necesidad de instrumentos para mejorar el turno de oficio.
Las propuestas son buenas aunque sigue sin aparecer entre ellas la promesa de más medios e instrumentos que agilicen los juzgados, tocados de muerte en muchos lugares de la Geografía española. Tampoco se habla de la creación de nuevos juzgados, y desde luego falta harían.
El programa de Ciudadanos propone ; Suprimir el CGPJ, cambios en la elección del Fiscal General del Estado y los Magistrados del Constitucional, para reforzar su independencia.
Pues bien en cuanto a la propuesta de la supresión del CGPJ me parece muy arriesgada, debe reformarse su sistema de elección, pero de aquí a su desaparición va un abismo. La novedad de éste programa con respecto a los anteriores es la propuesta de cambio en el sistema de elección del Fiscal General del Estado. El Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal establece que, el Fiscal General del Estado será nombrado y cesado por el Rey, a propuesta del Gobierno, Oído el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre Juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión. Volvemos a ser testigos de la flamante interacción entre los poderes del estado, esta vez del ejecutivo al "judicial", aunque los fiscales no formen propiamente parte del poder judicial sino que se rigen por su propio estatuto, pero en todo caso la acción de justicia queda controlada otra vez por el Gobierno. En este programa tampoco observo soluciones para la administración de justicia.
En conclusión, se han estado vendiendo una serie de propuestas/soluciones que en realidad deberían presentarse muchas de ellas como propuestas secundarias, dando prioridad a las que de verdad urgen, pero que la población parece no comprar, en primer lugar por el desconocimiento del la problemática real del funcionamiento de la administración de justicia. No es un servicio tan utilizado como el de la Seguridad Social ,en que se va al médico por cualquier cuestión que nos pueda preocupar, pero cabe decir que el día en que uno se encuentra con la necesidad ,ya no sólo de acceso a la justicia gratuita, sino de acceso a la jurisdicción en general y vea como su problema se demora en el tiempo tardando años en resolverse ,como se llegan a perder expedientes, y el colapso que existe en los juzgados, ese día se fijará en las propuestas para justicia en los programas electorales.
Se necesitan más medios humanos , las convocatorias de oposiciones en el ámbito de la justicia han sido mínimas en los últimos años cuando no inexistentes. Se necesitan más jueces, fiscales, secretarios y personal de la administración, así como la creación de nuevos juzgados que agilicen los procesos pendientes y una informatización efectiva y real. Porque se habla de recortes en Sanidad y Educación, pero la Justicia también los ha sufrido, aun siendo la hermana pobre,sí la justicia no da votos.
